Podría parecer una cuestión técnica, pero no lo es. La propuesta del Ministro Ruiz Gallardón, de que tanto los matrimonios civiles como los divorcios puedan ser tramitados ante notario, por causa del colapso de los juzgados, es una expresión de una cultura social y jurídica que no tiene suficientemente en cuenta la naturaleza y dimensión institucional del matrimonio.
El matrimonio se va a acabar convirtiendo así en una mera concesión de efectos civiles a las “uniones libres”. Casarse y separarse sería más fácil y tendría menos consecuencias que romper un acuerdo económico, en la medida en que estamos ante una privación lenta y continuada de efectos jurídicos al matrimonio. El peligro de que el matrimonio se convierta en un modelo de “unión libre” puede tener consecuencias no deseadas para la sociedad y para las personas. El derecho matrimonial pierde así sus antiguos puntos de referencia, sin haber encontrado otros firmemente estables.
Al final esta propuesta supondría un paso más en la devaluación del matrimonio y de la responsabilidad que conlleva. El matrimonio entendido como la unión entre un hombre y una mujer, abierto a la vida y con vocación de permanencia, es una institución básica para la sociedad, que contribuye decisivamente al bien común. Se trata de que el derecho y la política lo reconozcan y tutelen en consecuencia.
